Nuestros gobernantes no se aprietan el cinturón
Rajoy y nueve ministros cobran hasta 1.800€ mensuales del Congreso por gastos ficticios
SE TRATA DE UNA GRATIFICACIÓN ENCUBIERTA Y LIBRE DE IMPUESTOS
El Congreso de los Diputados abona todos los meses a Mariano Rajoy y nueve ministros de su Gobierno una "indemnización" de hasta 1.823,86 euros para que afronten "los gastos que les origine la actividad de la Cámara". Pero esa cantidad, equivalente a casi tres veces el salario mínimo de un trabajador, es en realidad una gratificación encubierta y exenta de tributación, porque ninguno de ellos emplea un solo euro de su bolsillo para ejercer su tarea parlamentaria, ya que todos los gastos los tienen cubiertos.
Rajoy (diputado por Madrid), se embolsa 870,56 euros mensuales para cubrir unos gastos totalmente ficticios. La misma cantidad que Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz Gallardón, Ana Mato y Miguel Arias Cañete, todos ellos diputados por Madrid. La gratificación asciende a 1.823,86 euros en el caso de Cristóbal Montoro (diputado por Sevilla), José Manuel Soria (Las Palmas), Jorge Fernández Díaz (Barcelona), Fátima Báñez (Huelva) y Ana Pastor (Pontevedra), por tratarse de parlamentarios electos en circunscripciones distintas a Madrid.
El Congreso, que modificó su web oficial a escondidas el pasado mes de noviembre para camuflar las dietas de los diputados, ha caído en su propia trampa. Hasta esa fecha, las cantidades citadas debían servir para que los diputados "afronten los gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad en la Cámara". Pero ante el creciente malestar de la opinión pública por el hecho de que parlamentarios con casa propia en Madrid cobrasen esas ayudas, el presidente del Congreso, Jesús Posada, suprimió de un plumazo el concepto de "alojamiento y manutención". Desde entonces, esas dietas, teóricamente, se emplean para que sus señorías "afronten los gastos que les origine la actividad de la Cámara".
El problema es que a muchos diputados, incluidos los 10 miembros del Gobierno que también ocupan un escaño -todos menos Luis de Guindos, José Manuel García Margallo, Pedro Morenés y José Ignacio Wert-, su labor parlamentaria les sale gratis. Es decir, que su actividad en el Congreso no les supone ningún desembolso. ¿Por qué, entonces, cobran hasta 1.823,86 euros mensuales, libres de impuestos, si los gastos que dan derecho a percibir esa "indemnización" son irreales? Casa, coche, móvil, iPad, asesores...
Montoro, por ejemplo, no paga vivienda: de hecho, es dueño de tres casas en la capital; además, y pese a disponer de coche oficial por su condición de ministro, también tiene derecho a viajar gratis en avión, tren y barco; disfruta de una tarjeta para desplazarse en taxi por valor de 3.000 euros anuales; si almuerza o cena en el Congreso puede tomar un menú subvencionado; tiene despacho propio, asesores, iPad y teléfono móvil con cargo al presupuesto de la Cámara; si necesita atención médica o un análisis de sangre u orina puede hacérselo sin salir de la carrera de San Jerónimo; y los medios materiales que necesite para su trabajo de parlamentario los cubre el PP, que recibe una doble subvención del Congreso para ese fin. Rajoy tampoco paga casa, ni manutención ni transporte, puesto que vive en el palacio de La Moncloa y se desplaza en vehículo oficial, también cuando acude al Congreso. Y, por supuesto, su labor como parlamentario, que se limita a acudir a los plenos y a las sesiones de control al Gobierno, no le acarrea gasto alguno. El jefe del Ejecutivo y líder del PP no cobra el sueldo de diputado porque la ley impide embolsarse dos salarios de la Administración pública, pero sí recibe la "indemnización" de 870,56 euros mensuales para "afrontar los gastos que le origine la actividad en la Cámara". Aunque esos gastos equivalen a 0 euros.
El Tribunal Supremo archivó el pasado mes de abril la querella presentada por la plataforma Democracia Real Ya contra los 63 diputados que cobran dietas pese a disponer de vivienda en propiedad en Madrid. El alto tribunal rechazó en un auto la querella por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida al entender que los hechos analizados no son constitutivos de "ilícito penal alguno", por lo que procedió al archivo de las actuaciones.
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